La transparencia como demanda global y la nueva regulación de lobby en España.

Para empezar, pongámonos en situación. Usted un día de verano como el de hoy, en una cafetería, con su grupo de amigos, charlando sobre los posibles destinos al que les gustaría ir de vacaciones.

El grupo se encuentra dividido. Unos se decantan por el lugar A y otros por el lugar B. Usted tiene que tomar la decisión de elegir cuál será finalmente el lugar elegido.

En una situación tan cotidiana como puede ser esta, vemos como sus amigos acaban de constituir grupos de presión, los cuáles intentan influir en su decisión para que sea finalmente favorable a ellos. La presión es una acción cotidiana que muchas veces realizamos hasta de forma inconsciente.

Es un hecho constatable a diario en los distintos medios de comunicación la existencia de grupos o asociaciones de particulares, corporaciones o empresas que buscan la unión como la mejor forma de defender unos intereses comunes. Así las cosas, no es extraño ver reivindicaciones de los sindicatos para que se mejoren las condiciones laborales, de la patronal para que se baje el salario mínimo o de los estudiantes para que se mejore la partida presupuestaria destinada a becas.

El pasado marzo el Congreso de los Diputados tomaba en consideración la propuesta del Grupo Parlamentario Popular para la reforma del Reglamento del Congreso a fin de regular los grupos de interés. Un proyecto escueto y con manifiestas lagunas que dejan espacio a las interpretaciones más burdas.

La Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno aprobada en 2013 marcó un hito legislativo al regular el acceso a la información por parte de los ciudadanos y empoderarlos a la hora de acceder a los asuntos que nos afectan a todos como sociedad.

La necesidad de transparencia en las instituciones políticas es algo que ya nadie pone en cuestión. Nuestro país ya no es aquella España gris que se movía por redes clientelares y contactos de hace cuarenta años. O por lo menos, no tanto.

Con todo, las cosas no funcionan todo lo bien que deberían. Desgraciadamente la implantación real y efectiva de la Ley de Transparencia todavía es una lucha activa por el derecho a la información y los incumplimientos por parte del Gobierno de la nación son reiterados. Recientemente se conocía gracias a eldiario.es que ocho ministerios pleitean para no revelar cuánto dinero reparten a los medios en publicidad institucional. A pesar de que el Consejo de Transparencia dio la razón al citado medio de comunicación argumentando que la información era de interés público, los ministerios han plantado una demanda por lo contencioso administrativo para no tener que proporcionar esa información. Es una evidencia que nos cuesta. Nos cuesta ser todo lo transparentes que debiera ser una democracia moderna y avanzada como lo es la española.

Actos como este no hacen otra cosa sino aumentar todavía más la desconfianza de la ciudadanía en unas instituciones que ya en la actualidad tienen una credibilidad dudosa a ojos de la opinión pública. En España no cabe duda de que se trata de una clara falta de voluntad política en favor de la transparencia. Se trata de una actitud a la defensiva y de la judialización del derecho a la información en lugar de destinar esfuerzos a implantar una cultura de transparencia en nuestro país.

El concepto transparencia va íntimamente ligado con el desarrollo de una democracia y la implicación que los ciudadanos pueden llegar a tener de la misma y sirve para mejorar la calidad de ésta. La falta de transparencia da lugar en muchos casos a altos índices de corrupción y a la degeneración del sistema político motivada por esa falta de rendición de cuentas (accountability) de los decisores públicos.

Mientras tanto, el proceso legislativo que previsiblemente dará lugar a la creación de un registro público de lobbies avanza en su tramitación parlamentaria. Es un paso más a favor de la transparencia que permitirá a la ciudadanía saber el tejido que está detrás de las decisiones que toman sus representantes. Sin embargo, es un paso pequeño, ya que la propuesta se queda corta a la hora de dotar de contenido el registro y también a la hora establecer obligaciones ya no sólo a los grupos de interés privados, sino a nuestros representantes públicos para que nos permita conocer con quién se reúnen y que intereses defienden esas personas. En el debate político español, no hemos oído hablar todavía de medidas como agendas públicas de los decisores públicos, trazabilidad legislativa etc. Que sí han sido propuestas desde la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) o desde la Fundación Civio por ejemplo.

Este sería el momento para hacer una verdadera regulación de los grupos de interés en España y no dejarla a medias. La propuesta presentada por el Grupo Popular no genera consenso ni entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria ni entre los profesionales del sector. Prueba de ello es la enmienda a la totalidad presentada por el grupo parlamentario de Unidos Podemos, la cual se rechazó por un estrecho margen de votos en su votación en Pleno.  

 El momento de hacer las cosas bien es ahora. La democracia y el sistema político necesitan transparencia como un impulso para recuperar la confianza de los ciudadanos en su sistema de representación, tan cuestionado en los últimos años.    

Daniel Sousa
Consultor de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales

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